Diputados presentaron una iniciativa para que existan auditores auxiliares que supervisen las operaciones de la entidades financieras y, en su caso, hagan un programa de acciones correctivas.
El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) y el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval) abrirán una convocatoria para los contadores que estén interesados en certificarse como especializados en materia de prevención de lavado de dinero.
“En agosto estaremos haciendo los primeros exámenes para que se preparen en el tema de prevención de lavado de dinero. Estamos trabajando previamente en cursos de capacitación en nuestros 60 colegios para quienes estén interesados”, comentó José Luis García, presidente del IMCP, en conferencia de prensa.
Detalló que la idea es que los contadores puedan especializarse en la parte financiera para poder detectar movimientos ilícitos en las operaciones de las empresas y, además, puedan fungir como auditores externos independientes.
“Pensamos que de esta forma podemos seguir avanzando para aplicar la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPORPI)”, refirió.
Parte de los requisitos que deberán cumplir las personas interesadas están enfocados a lo que pide la propia Comisión Nacional Bancaria y de Valores para la certificación en esta parte del sector financiero, expuso el presidente del IMCP.
“Un elemento importante es que conozcan la parte teórica, tengan al menos tres años de experiencia, conocimiento de control interno sobre reportes que ayudan a identificar estas prácticas, sistema de detección de operaciones y conocimiento del cliente”, detalló.
Mencionó que al IMCP le interesa que sus agremiados cumplan con sus obligaciones del régimen de prevención de lavado de dinero.
Deben prepararse ante inspecciones del SAT
Recordó que, actualmente, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) tiene la facultad de llevar a cabo visitas de verificación a diversas empresas para comprobar que quienes realizan actividades vulnerables cumplan con las obligaciones del régimen de prevención de lavado de dinero.
Es decir, el SAT tiene facultades para comprobar si los casinos, inmobiliarias, constructoras, joyerías, distribuidoras de vehículos, arrendatarios o comerciantes de obras de arte han integrado correctamente los expedientes de identificación de sus clientes, si han respetado las prohibiciones del dinero en efectivo, si han presentado oportunamente los avisos y si han identificado al dueño beneficiario, mencionó.
“Para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) es importante que los sujetos obligados cumplan correctamente, pues de ello depende que la Unidad de Inteligencia Financiera obtenga información que le permita integrar denuncias de lavado de dinero”, sostuvo.
García agregó que, con dicho certificado, los contadores podrán integrar correctamente los expedientes de identificación, detectar alertas, presentar en tiempo los avisos, resguardar la información con criterios de confidencialidad y atender los requisitos de las autoridades.
“Los contadores debemos tener muy claras cuáles son las actividades vulnerables que nos aplican para que cuando realicemos algunas de ellas a un cliente, cumplamos en forma adecuada con las obligaciones establecidas en la ley”, dijo.
Presentan iniciativa para reformar ley antilavado
La diputada Minerva Hernández anunció que con otros representantes de distintos partidos políticos presentaron una iniciativa para reformar parte de la LFPIORPI para que se cree la figura de auditores externos independientes que puedan evaluar y emitir un informe anual respecto de las obligaciones que dispone dicha ley.
“Se evaluaría de manera más detallada la forma en que la entidad financiera está cumpliendo con sus obligaciones en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, se evaluará si lo están haciendo bien o mal y en su caso se propone hacer un programa de acciones correctivas”, mencionó.
De acuerdo con información de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), al 31 de diciembre del 2015, la CNBV supervisaba a 3,199 instituciones financieras; mientras que el SAT, a 56,034 sujetos que realizaban actividades vulnerables.
“El número de sujetos a supervisar es elevado y los recursos económicos y humanos son insuficientes para atacar verdaderamente el problema, pues los sujetos obligados, al saber que la autoridad supervisora tiene poca presencia, cumplen con sus obligaciones con deficiencia”, refirió la diputada panista.
Con la ineficiencia de supervisión, las autoridades no contarán con información útil para llevar a cabo investigaciones y denunciar conductas ilegales, por lo que el número de casos sancionados por lavado de dinero seguirá siendo bajo.
Al respecto, José Luis García, presidente del IMCP, aseguró que los contadores están preparándose para ser este tipo de auditores externos independientes que ayuden realmente a combatir el lavado de dinero.
Propuesta de iniciativa:
- Creación de un auditor externo independiente que evalúe el cumplimiento de la LFPIORPI en las entidades financieras.
- El auditor deberá entregar un informe anual sobre lo que hace bien o mal la entidad financiera.
- Hacienda debe determinar los requisitos que deberá contar el informe.
- A quienes no cumplan con el informe, se le aplicarán multas equivalentes de 200 hasta 2,000 veces la UMA.
Fuente: El Economista
