Así como determinó bajar a ocho por ciento (desde una máxima de 35 por ciento) la tasa del Impuesto Sobre la Renta (ISR) a los capitales que regresen del extranjero y se inviertan en territorio mexicano, sería oportuno que el Gobierno federal amplíe los incentivos para impulsar a la economía, sobre todo a los negocios que operan en México, consideraron fiscalistas.
En este sentido, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) se pronunció a favor de que se permita la deducibilidad al 100 por ciento de las prestaciones sociales para los trabajadores, así como programas de financiamiento a pequeñas y medianas empresas.
“Creemos que el esquema impositivo debe ser más tendiente a fomentar la inversión y el empleo”, comentó el presidente del organismo, José Luis García Ramírez.
Lo que sucede es que como parte del Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar, el pasado 17 de enero, el presidente Enrique Peña Nieto emitió un decreto para estimular la repatriación de capitales.
En ese sentido, la medida, que tendrá una vigencia de seis meses, establece una tasa de repatriación de ocho por ciento a aquellos residentes en el país que mantienen capitales en el extranjero, muy por debajo de las vigentes del 30 y 35 por ciento para personas morales y físicas, respectivamente.
Cabe mencionar que los recursos que retornen a México podrán gozar de la tasa preferencial si son invertidos y permanecen al menos dos años en México.
El decreto aplica para recursos que se hubiesen mantenido en el exterior hasta el 31 de diciembre de 2016 y el impuesto se deberá pagar dentro de los primeros 15 días a la fecha de retorno.
Al respecto, cabe mencionar que otros países latinoamericanos como Chile, Brasil y Argentina han aplicado medias similares para incrementar la recaudación impositiva. Ante ello, el presidente del IMCP afirmó que el gremio de contadores públicos coincide con el Gobierno de la República en la importancia de implementar y en su caso fortalecer todas aquellas medidas que contribuyan a la estabilidad económica y social del país, promover la inversión, generar fuentes de nuevos empleos que propicien mayores ingresos y mayor bienestar para las familias mexicanas.
No obstante, consideró que adicional a las medidas anunciadas en el decreto, sería oportuno adoptar nuevas medidas con el objetivo de garantizar que los acuerdos generales suscritos se transformen en políticas públicas concretas y medibles, tales como permitir la deducibilidad al 100 por ciento de las prestaciones sociales para los trabajadores.
Asimismo, agregó, fomentar programas específicos de promoción de productividad en las pequeñas y medianas empresas, así como programas de financiamiento dirigido a las pequeñas y medianas empresas, principalmente en los sectores que necesitamos incrementar la producción tendiente a la autosuficiencia.
Fuente: El Sol del Centro
