La calidad de los productos y servicios que consumen o utilizan los mexicanos cuenta con un nuevo “aliado” con el que se planea incrementar su nivel de confianza. Para ello, el Gobierno federal ha modificado normativas que han puesto en complicaciones a las empresas, que a regañadientes han realizado algunos ajustes, pero el panorama futuro se advierte complicado.
El 1 de julio de 2020, fecha en la que entró en vigor el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), se publicaron en el Diario Oficial de la Federación algunos decretos transcendentes, entre ellos, el que abroga a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, al sustituirla por la nueva Ley de Infraestructura de la Calidad (LIC), vigente desde el 30 de agosto, misma que ha tomado relevancia por las implicaciones que se observan en su aplicación.
Esta ley, con la que se pretende alinear al país en sus compromisos internacionales para fijar y desarrollar las bases de la política industrial, a través de las actividades de normalización, estandarización, acreditación, evaluación de la conformidad y metrología, especialmente con el TMEC, crea incertidumbre ante la falta de su respectivo reglamento.
La LIC define que, dentro del Sistema Nacional de Infraestructura de la Calidad, la Secretaría de Economía (SE) tome un papel más relevante al ser la líder permanente en la Comisión Nacional de Infraestructura de la Calidad (una presidencia que era rotativa entre 43 miembros de lo que era el Comité Nacional de Normalización), y de la cual también se espera la publicación de su reglamento.
También define a las Autoridades Normalizadoras (dependencias o entidades federales que tengan atribuciones o facultades expresas para realizar actividades de normalización y estandarización) las únicas facultadas para expedir, en este caso, Normas Oficiales Mexicanas (NOM), definidas como regulaciones técnicas de cumplimiento obligatorio.
FUENTE: T21
