Transición de puertos a la Semar no tendría que afectar cadena logística

116

La decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el nombramiento de personal de la Secretaría de Marina (Semar) en las direcciones generales de las Administraciones Portuarias Integrales (API) ha comenzado a ejecutarse y esto ha dividido opiniones de diversos especialistas relacionados con la actividad portuaria.

Con el título “Puertos y aduanas, nuevo enfoque bajo administración militar”, Grupo T21 desarrolló una nueva edición de Diálogos Empresariales de Logística, donde los participantes abordaron el tema desde la separación de las actividades civiles y militares dentro de la Semar, hasta probabilidades de obstrucción comercial, la profesionalización del perfil de los directores de los puertos y las implicaciones legales de la medida, entre otros.

Bernardo Melo, vicepresidente de la Asociación Mexicana de Derecho Marítimo, sostuvo que el enfoque en la formación del personal de la Semar no se relaciona en ningún momento con el comercio, por lo que la dependencia tiene el reto de enfrentar la curva de aprendizaje de actividades civiles y entender la dinámica del comercio cuando no es su campo de acción.

“La decisión está tomada, la Semar tiene una determinada formación y un reto importante, espero que escuche a las empresas, a los juristas, a los usuarios finales, y que esta curva de aprendizaje que tengan sea rápida y eficiente, que sirva para que el país avance en este momento que necesitamos tener el más fuerte comercio exterior”, añadió Melo, quien enfatizó que además se deberán esperar resoluciones a controversias por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) luego de cambios legislativos que no prosperaron en el Congreso.

Después de estos infructuosos cambios en la legislación, Octavio Arellano, consultor en Desarrollo Portuario, mencionó que la medida del presidente fue “un manotazo en la mesa” cuya extensión se desconoce porque además no está sustentada salvo en planteamiento; aunque espera que la operación logística, que además incluye a otros actores como agentes aduanales, operadores portuarios, otras autoridades y en general a todos los integrantes de las denominadas comunidades portuarias, puedan seguir funcionando independientemente de quienes administren los puertos y las aduanas.

“La administración militar de los puertos no es incompatible con un manejo eficiente de los mismos, mi opinión es que no tenía por qué cambiarse el manejo civil para lograr el propósito de eliminar la corrupción, pero sí así se decidió, efectivamente toca estar vigilantes de que esta nueva forma de administrar los puertos permita su agenda de cambio”, argumentó Arellano.

En este aspecto Arellano aseguró que la política pública emprendida al inicio de esta administración con Héctor López Gutiérrez al frente de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), podría tener continuidad incluso con personal militar en la titularidad de las API, donde consideró que se tiene que profesionalizar el perfil de puesto, toda vez que las direcciones han sido designadas en otras ocasiones por “compadrazgo” o decisiones políticas, sin que tampoco estuvieran relacionados previamente o tuvieran enfoques logísticos y comerciales.

¿MILITAR O NO?

Antonio Rodríguez Fritz, secretario del trabajo de la Orden de Capitanes y Pilotos Navales de la República Mexicana, Similares y Conexos, mencionó en su participación que, independientemente de que la medida de militarizar los puertos viola el Artículo 129 de la Constitución, en la seguridad de los puertos ya estaba involucrada la Semar a través de las Unidades Navales de Protección Portuaria (Unaprop) y de los Centros Unificados para la Protección Marítima y Portuaria (Cumar), y que en todo caso serían los responsables de la permisibilidad para el paso de sustancias ilícitas.

“La Semar mandó a la cámara (de Diputados) a decir una serie de cuestiones sobre corrupción en la SCT, pero sin pruebas, estamos llegando a un régimen neoestadista donde alguien va, acusa, no hay evidencia y por eso dijeron que tenían que pasar (los puertos) a la Semar, hay problemas de faltas a la verdad (…) si la medida es buena, ¿por qué Estados Unidos no tiene militares administrando sus puertos, por qué la Unión Europea… o los principales socios comerciales de México?”, acotó Antonio Rodríguez, quien aseguró que además se podría avecinar un problema de opacidad y corrupción mayor porque los mandos militares cuando se corrompen son enviados a retiro, mientras los civiles enfrentan procesos legales.

Sin embargo, Humberto Uribe, director general de DTD Logistics, hizo hincapié en la diferencia en la que operan, por un lado, la Semar y, por otro, la Armada de México, por lo que, desde su óptica, no es correcto hablar de una militarización, cuando la Semar tiene una parte operativa que trabaja con civiles, como es el caso de las Capitanías de Puerto, que dejaron de ser parte de la SCT por decreto del expresidente Enrique Peña Nieto y pasaron a la administración de la Semar en 2017.

“Quienes están tomando las direcciones de las API son militares en retiro y no es lo mismo que en activo. Los militares son ingenieros y muchos tienen maestrías y doctorados en administración pública. Hablar de militarización no es correcto porque se está deformando lo que está sucediendo con estos nuevos directores. En México no tenemos ingenieros portuarios… pero sí les digo que lo que se transferiría, en este caso las API, no intervienen en el comercio marítimo que hacen las navieras, importadores y exportadores y operadores portuarios, las API son administradores”, aseguró Uribe.

No obstante, Rodríguez Fritz sentenció que en sí “la militarización de los puertos” es un acto de corrupción puesto que contraviene las leyes, de tal forma que pugnó porque “los militares regresen a los cuarteles” y, si es que no sucede, que “pasen a ser responsables ante las leyes”.

En lo que coincidieron los participantes es que la medida está en ejecución y las API están siendo tomadas por personal de formación castrense, de quienes esperan que exista continuidad en los negocios sin afectaciones a la cadena logística.

FUENTE: T21