Jefe del SAT, aún sin confirmar

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Una de las incógnitas que aún no resuelve el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es quién va a estar a cargo del Servicio de Administración Tributaria (SAT), órgano que se encarga de aplicar la ley fiscal y aduanera con el fin de supervisar que los ciudadanos contribuyan al gasto público a través del pago de sus impuestos.

Hace algunos días la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados aprobó un dictamen que modifica el artículo 13 de la Ley del SAT, el cual tiene que ver con los requerimientos para ser jefe del fisco. Dicho dictamen causó controversia ya que se eliminó el requisito de “haber desempeñado cargos de alto nivel decisorio, cuyo ejercicio requiera conocimientos y experiencia en las materias fiscal y aduanera”.

Ahora, para ser jefe del SAT se necesita poseer, al día de la designación, título profesional en las áreas de derecho, administración, economía, contaduría o materias afines, con una antigüedad mínima de 10 años, además de contar con experiencia probada y estudios en materia fiscal, aduanera, financiera o alguna otra relacionada.

Anteriormente, López Obrador declaró que quien lleve las riendas del SAT sería una mujer, proveniente del norte del país. Su equipo de trabajo aún no ha dado a conocer quién será la que ocupe el cargo; no obstante, desde hace algunos meses ha estado resonando el nombre de Margarita Ríos-Farjat para suplir a Osvaldo Santín, actual jefe del órgano recaudador.

Quien podría ser la segunda mujer a cargo del SAT es originaria de Monterrey, Nuevo León. Es abogada, ensayista y poeta. Es editorialista en el periódico El Norte. Cuenta con una maestría en derecho fiscal y un doctorado en derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Sin embargo, no ha ejercido ningún cargo público, por lo cual varios diputados y expertos apuntaron que las modificaciones a la ley se realizaron para “hacerle un traje a la medida” y pueda, sin ningún problema, llegar al frente del fisco.

“Es un traje a la medida para quien ocuparía, a partir de diciembre, el cargo. No es lo mismo poseer al día de la designación un título profesional al que no se le señala un nivel específico, que haber desempeñado cargos de alto nivel decisorio en materia fiscal y aduanera”, criticó el diputado del PRD Antonio Ortega.

Por otro lado, también ha sonado el nombre de la tabasqueña Rosalinda López para ocupar las oficinas en Paseo de la Reforma; sin embargo, algunos rumores apuntan a que ella será la administradora general de la Auditoría Fiscal Federal del órgano.

Plantilla de empleados

El SAT está compuesto por 35,660 empleados que están distribuidos en sus 14 áreas en los diferentes estados de la República, de acuerdo con información de la entidad al cierre de septiembre.

La mayoría de estos empleados (6,912) se encuentra dentro de la Administración General de Aduanas, mientras que la menor cantidad de ellos (tan sólo ocho) están en la Jefatura del SAT, es decir, al lado del titular del fisco.

Del total de empleados, 3,099 son personal de confianza. Estos trabajadores, de acuerdo con el artículo 9 de la Ley Federal del Trabajo, son aquellos que desarrollan actividades de dirección, inspección, vigilancia y fiscalización, cuando tengan carácter general, y las que se relacionen con trabajos personales del patrón dentro de la empresa o establecimiento.

De acuerdo con el punto 27 del listado de austeridad y combate a la corrupción, los trabajadores de confianza laborarán de lunes a sábado y, cuando menos, ocho horas diarias. Asimismo, el presidente había propuesto recortar, en todas las dependencias, 70% de los puestos de confianza.

Hace algunos días, de acuerdo con información de la columnista Martha Anaya, el equipo del nuevo gobierno acudió a las oficinas del SAT para reunirse con el equipo saliente. La reunión sirvió, además de hablar de los temas principales del SAT, para pedir las renuncias de los administradores centrales y desconcentrados del fisco, a petición del nuevo presidente.

Hasta el momento, el SAT no ha confirmado ningún cambio o recorte dentro de sus oficinas.

FUENTE: EL ECONOMISTA