Lo que necesitan las Pymes que ya facturan es que sus facturas tenga un carácter mercantil, que sean como un pagaré, asegura el director de Buzón E.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Secretaría de Economía (SE) quieren darle “peso” jurídico a la factura electrónica para que sirva de comprobante para que las empresas nacionales, sobre todo las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes), accedan a crédito.
Adrián Guarneros, administrador general de Recaudación del SAT, dijo que la factura electrónica ha dado frutos en el ámbito fiscal, pero que se le quiere dar valor jurídico para hacer negocios, con el fin de que México entre al mercado del factoraje, que consiste en usar las facturas como garantía para un crédito.
Ambas dependencias buscan que en México la factura electrónica funcione de forma similar que en Chile, donde la industria del factoraje está compuesta por empresas relacionadas a entidades bancarias y no bancarias; estas últimas, son las que por lo general atienden a las microempresas, las cuales suelen tener mayores problemas para acceder al financiamiento.
“Hay que potenciar la factura y darle el peso jurídico que no tiene en México, al darle certeza jurídica podemos buscar darle financiamiento a las pequeñas empresas para que crezcan, además de que puede tener otros usos, como ser una vía para el combate a la corrupción”, expuso Guarneros.
Elsa Ayala, directora General de Normatividad Mercantil de la SE, consideró que al darle certeza jurídica a la e-factura, las empresas podrían acceder a créditos y obtener recursos líquidos.
Salvador Gómez, director general de la firma Buzón E, comentó que el SAT y la SE trabajan para tratar de conseguir este cambio jurídico para la factura antes de que concluya el sexenio, con lo que se lograría “evolucionar” la función de los certificados digitales a instrumentos de acceso al financiamiento.
“Lo que necesitan las Pymes que ya facturan y que tienen un proveedor, es que esa factura tenga un carácter mercantil, que sea como un pagaré. La factura serviría de garantía a la institución que otorgue el crédito”, explicó.
Añadió que para darle peso jurídico a la factura se requieren reformas a la Ley General de Sociedades Mercantiles y al Código de Comercio.
FUENTE: EL FINANCIERO
