Las organizaciones de la sociedad civil “no otorgan certificados de buena conducta” ni validamos los ingresos de los funcionarios; la declaración de Ricardo Anaya coincide con la información que tenemos en su declaración del 2014, enfatizó Juan Pardinas, director general del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).
“Nosotros no somos la Auditoría Superior de la Federación, no somos un despacho de auditoría contable para poder certificar que efectivamente lo que nos dicen las personas sea verdad. Cuando firman la declaración de decir la verdad, nos remitimos a la palabra de quien presenta las declaraciones”, dijo.
El director del Imco agregó que lo que se realiza es validar las declaraciones patrimoniales a través de información que se divulga en prensa.
Ante el cuestionamiento sobre si se debe reformar la Ley 3de3, el experto precisó que lo que se debe hacer, más que reformar, es “fortalecer los formatos y los sistemas de verificación. Esta información no se le debe, si se construyen instituciones de lucha contra la corrupción, de entregar a la sociedad civil; se le debe de entregar al estado mexicano y éste con la base de datos del SAT, el acceso a bases de datos de transacciones bancarias y la Unidad de Inteligencia Financiera, de manera automática debe validar esta información”.
Pardinas concluyó que gobernadores como Javier Duarte en Veracruz o Guillermo Padrés en Sonora, que “literalmente saquearon al estado. En algunos casos yo diría que están más cerca de un comportamiento cercano al crimen organizado que simplemente desviación de recursos a través de facturas falsas y empresas fantasmas”.
Lanzan convocatoria
Con la presencia de diferentes representantes de organizaciones civiles y académicas se lanzó la convocatoria para integrar el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción.
En la sede del Imco, se dijo que serán cinco los “ciudadanos ejemplares” los que integren este Comité, y deben cumplir, entre los principales requisitos, ser mayores de 35 años, tener una amplia experiencia en la implementación o evaluación de políticas públicas, experiencia en la procuración de justicia, en transparencia, rendición de cuentas o combate a la corrupción, así como en las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y no haber estado afiliados a algún partido político en los últimos cuatro años anteriores a su designación.
En conferencia, los representantes del comité de selección expresaron que el CPC tendrá una presidencia rotativa de un año.
El proceso de selección, que constará de tres etapas, mismas en las que se preponderará mantener una paridad de género, dará inicio con la recepción de solicitudes de candidatos, que será entre el 15 de noviembre y el 2 de diciembre de este año.
“La primera etapa va a ser a partir del 6 de diciembre al 2 de enero; que es la etapa de depuración (…) La segunda y tercera etapas será entre el 3 de enero y el 2 de febrero del 2017, es decir, las entrevistas, la designación y el envío de las cinco personas al Senado de la República para tomar protesta”, dijo Juan Caballero, del comité de selección.
Fuente: El Economista
